Malas noticias para los empresarios y los particulares que quieran solicitar más crédito. La normativa contable que el Banco de España ha lanzado a consulta sobre provisiones y políticas de concesión crediticias de bancos y cajas va a suponer un recorte aún mayor de la sequía de financiación que dan las entidades.
El recorte del crédito vendrá motivado por dos vías. En el corto plazo, los nuevos requisitos de dotaciones bancarias (que se incrementarán en el sistema un 2% este año y un 7% en 2011) supone un impacto negativo en este capítulo. Las entidades van a tener que dedicar más recursos a proteger sus riesgos, de forma general, con lo que se reducen los dedicados a prestar y aumenta la necesidad de ser más estrictos con la concesión de financiación.
Momento inoportuno
“No era el momento más adecuado para hacer este cambio, debido a la contracción del crédito que ya hay en el mercado”, apuntan fuentes autorizadas. Algunos expertos matizan que, pese a que se va a producir este efecto, el supervisor va a poner en marcha un sistema “más racional” de consideración de las garantías que sustentan los créditos, por lo que el efecto negativo del aumento de provisiones puede verse paliado.
Fuentes financieras apuntan que el recorte va a ser mayor en el crédito al consumo, debido a que no tiene garantías reales. El efecto de la nueva normativa en las financiaciones que tienen un activo como garantía no están tan claros y los expertos consideran que dependerá de las provisiones que tenga constituidas cada entidad y del tipo de crédito. En algunos casos, el efecto será neutro, sostienen.
La segunda vía, más a medio plazo, viene derivada por la nueva normativa de concesión de créditos y refinanciaciones que quiere poner en marcha el Banco de España. Tres son los ejes fundamentales de esta reforma. En primer lugar, los créditos deberán ser congruentes con la capacidad de pago del prestatario, considerada en relación con la renta de los particulares o los ingresos procedentes de su negocio, en el caso de los empresarios. Otras posibles garantías, como avalistas u otros activos, serán secundarias y “excepcionales”.
En segundo lugar, el Banco de España ha decidido poner límite a los créditos inmobiliarios, frenando las prácticas habituales en el mercado hasta el momento. Como regla general, el supervisor propone que en la adquisición de suelo por promotores sólo se pueda financiar un 50% “del menor importe entre el declarado en escritura pública y su valor de tasación”. De esta forma, se pone coto a las financiaciones del total del suelo, tomando en cuenta las revalorizaciones futuras del activo. Todas las operaciones que se salgan de estos límites “excepcionalmente” deberán basarse en unas condiciones prefijadas por el banco o la caja de ahorros.
Por último, el supervisor también ha querido poner límite a las refinanciaciones. La política de renegociación de deudas tendrá que ser aprobada por el consejo de administración de la entidad y deberá imponerse un límite a la frecuencia de refinanciación. Entre un proceso y otro deberá pasar un “número suficientemente amplio de años”.
Efectos
Estas últimas tres medidas suponen un desarrollo de las políticas para una concesión más estricta de la financiación bancaria apuntada por el Gobierno en la Ley de Economía Sostenible. El supervisor, al contrario que con el cambio en las provisiones, no ha cuantificado el impacto final de estos cambios, aunque sí señala en los documentos que ha sometido a consulta al sector financiero que los efectos “no pueden ser minusvalorados”.
Esta propuesta normativa se produce en un momento en el que el crédito esta sufriendo una contracción. Si en los años previos a la crisis financiera que se desató en el verano de 2007 este tipo de financiación en España crecía a ritmos superiores al 20%, hoy cae ya más de un 1%. La previsión de los expertos es a que el crédito siga contrayéndose y evolucione en línea con las perspectivas de crecimiento de la economía española.
Fuente: expansion.com
